El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), se pronunció sobre las temerarias declaraciones del dirigente de los trabajadores del Ex Servicio Departamental de Caminos (exSedeca), Franz Ayarde, quien aseguró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que habría salido a favor de su sector y que al no ser cumplido el gobernador Oscar Montes podría ser aprehendido.
El secretario de Gestión de la Gobernación de Tarija, José Luís Carvajal, en conferencia de prensa, señaló que revisando dos párrafos del fallo constitucional, señala que en esta etapa de admisión, se limita a la remisión de cumplimiento formal de los requisitos y que en ningún caso anticipan o comprometen un criterio sobre el fondo de la presente acción normativa.
“Esto significa que la admisión del recurso de inconstitucionalidad, emitido en Sucre, lo único que hace es verificar que se hayan cumplido los requisitos formales y en ningún momento está obligando a la Gobernación a poner en statu quo o eliminar los decretos que han sido emitidos por nuestra autoridad departamental”, aclaró el secretario.
En ese sentido, Carvajal negó que esta resolución frene el cierre del Sedeca o la extinción de la Dirección de Administración Vial (DAV), ni mucho menos se tenga que efectuar la aprehensión de la primer autoridad política del departamento de Tarija, sino simplemente que la medida cautelar señala que no se apliquen ni repliquen los decretos departamentales cuestionados en otras gobernaciones del país.
“En ninguna parte se señala que la Gobernación está obligada, mientras el Tribunal resuelva el tema en fondo, a eliminar los decretos emitidos, pero aquí no es la competencia de quién tiene la verdad o quien dice más mentiras, este es un hecho concreto y aquí estamos para mostrar este documento para que puedan sacar sus propias conclusiones”, dejo Carvajal.
Por tal motivo los decretos siguen vigentes y hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional no emita un fallo a fondo, la Gobernación será respetuosa en cumplir las resoluciones o medidas cautelares, porque el fallo final puede darse aquí a dos meses, a seis meses o en un año.
“El autoconstitucional al no fallar sobre el fondo, no está comentando ni emitiendo ninguna opinión aún, sobre si el Gobernador tiene o no la competencia, sin embargo, la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico de Tarija y la Ley Marco de Autonomías le dan la potestad al gobernador de modificar su estructura”, expresó.
Agregó que de acuerdo a la transferencia de algunas competencias, el gobernador no podía descuidar no dejar el mantenimiento de caminos en el departamento, por lo tanto creó la Dirección que se encarga del mantenimiento vial, sin vulnerar la Constitución de acatar las normativas adquiridas en el marco autonómico departamental.