El secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, Efraín Rivera, tras la imputación formal de la Fiscalía General del Estado al dueño de la cooperativa minera en Agua Dulce, donde se ocasionó el año pasado la ruptura del dique de colas, confirmó que se presentará una querella por la comisión de los delitos de daños al medio ambiente y a la salud humana, debido al riesgo de contaminación a las aguas del río Pilcomayo.
“Informar que, como políticas públicas, nosotros como Gobernación del departamento de Tarija nos hemos constituido como denunciantes y víctimas para trabajar en el saneamiento del río Pilcomayo, en ese entendido a través de todas las reuniones de coordinación y concientización que hemos realizado y como víctimas también se han presentado las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca, el ministro de Medio Ambiente, también están todos los municipios afectados en la parte alta de la cuenca del río ante la ruptura del dique de colas que hubo en Agua Dulce, resulta que el dueño de esta cooperativa también era el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras”, señaló la autoridad.
Rivera, dijo que, como dueño y expresidente de la Fedecomin, tenía pleno conocimiento que las licencias ambientales son una exigencia para realizar cualquier actividad minera, pero en este caso no contaba con ese permiso, lo que constituye un delito penal por daño al medio ambiente y a la salud humana por el consumo de agua del río Pilcomayo, también para los animales y el uso de riego de los cultivos en los tres departamentos.
“El trabajo de seguimiento y monitoreo que estamos haciendo con la Dirección Jurídica y los abogados de la Secretaría, corroboramos que hay una imputación formal contra esta persona responsable del dique de colas, Edgar Freddy Huallpa Coro, así que ojalá podamos tener resultados y decisiones políticas, para que la cooperativa comience a trabajar con la regulación que manda la Ley”, manifestó Rivera.
Si bien se identificó este caso, Rivera sostuvo que el objetivo común es el de realizar el saneamiento del río Pilcomayo, por eso el primer paso es trabajar en el relevamiento de todo el conglomerado que realizan las cooperativas y que los 230 socios que tienen actividades mineras puedan empezar a construir diques modernos de desagües que van al afluente y darle una solución definitiva, dejando de lado las construcciones precarias para evitar las contaminaciones.
“Nosotros vamos a continuar, la querella la presentaremos la próxima semana, siendo paste como víctimas, pero nosotros lo que estamos apuntando es a que se dé un plazo a través del Ministerio de Medio Ambiente a toda la cooperativa, para que regularicen y puedan cambiar todas sus construcciones precarias en construcciones modernas, que garanticen la reutilización de las aguas que botan al Pilcomayo y tengan las condiciones que exige la norma”, finalizó.