El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia mediante la sentencia constitucional 660, revoca la resolución emitida por la Sala de Garantías de Sucre, la cual suspendía el factor de distribución y el pago de regalías a los departamentos de Tarija y Chuquisaca en los meses de julio, agosto y septiembre del 2022, pero gracias a la oportuna intervención de la Gobernación de Tarija, a la cabeza del gobernador Oscar Montes y el equipo jurídico en defensa de los intereses del departamento es que lograron que este fallo salga favorable a los tarijeños y recuperar los recursos económicos.
La sentencia emitida por el TCP, en su parte resolutiva, indica claramente que este factor de distribución ni el pago de regalías debían haberse suspendido, por lo tanto el gobierno departamental presentará todas las acciones administrativas para que se devuelvan los recursos retenidos a Tarija, para que los mismos sean utilizados en beneficio de la población.
El secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Efraín Rivera, recordó que de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos en el artículo 45, de las resoluciones 222, artículos 10 y 11, señala que todos los campos compartidos en la explotación de hidrocarburos, se debe realizar un estudio del factor de distribución.
“Ustedes recordarán que la Sala Constitucional de Garantías de Chuquisaca, dictó una medida que paralizó nuestras regalías y nos dejaron de pagar tres meses el año pasado, mientras se realizaba el estudio a futuro que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) contrató a la empresa DeGolyer y nosotros en su momento hicimos el reclamo correspondiente a través de nuestro gobernador y la Dirección Jurídica, para que esto se revierta”, señaló.
En ese sentido, aseguró que en la audiencia, Tarija dejó clara su postura para que la resolución sea revertida, porque los recursos no se pueden retener ni hacer cobros retroactivos, sino que una vez se inicie el estudio y se dicte una sentencia del nuevo factor de distribución, recién acatar ese nuevo factor de distribución, mientras tanto seguir cobrando con el antiguo factor de distribución del año 2012.
“La cuantificación que se ha hecho por parte de los técnicos de hidrocarburos por los tres meses suspendidos, son alrededor de 3 millones 800 mil dólares, en primera parte, porque en la segunda parte de la demanda, nosotros hemos pedido es que se nos haga la certificación de todos los pozos y de esas certificaciones es que tenemos que sacar el factor de distribución y eso lo hemos planteado en su momento”, argumentó Rivera.
Por su parte el director Jurídico de la Gobernación, Paúl Bejarano, aseguró que la Sala Constitucional de Garantías, no actuó de la manera correcta como se dejó claro en la misma audiencia desarrollada el año pasado, pero ese argumento no fue tomado en cuenta por los vocales de ese momento, en consecuencia Tarija dejó de recibir una importante cantidad de recursos.
“Las acciones propuestas por los asambleístas de Chuquisaca no eran las correctas, tal como lo ha valorado el Tribunal Constitucional Plurinacional señalando que el Tribunal de Garantías de Sucre ha obrado de manera incorrecta, revocando la resolución emitida y denegando la tutela solicitada y se demuestra que la Gobernación hizo una defensa correcta, por eso Tarija tiene el derecho a cobrar los recursos no percibidos”, añadió.