La Gobernación del Departamento de Tarija instaló la primera sesión del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, instancia que reunió a instituciones públicas, organizaciones y representantes de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer la prevención, atención y respuesta integral frente a estos delitos y problemáticas conexas como la trata ilícita de migrantes, pornografía infantil, violencia y proxenetismo.
Durante la sesión, la Gobernadora de Tarija, Dra. María René Soruco, planteó la necesidad de consolidar un trabajo coordinado y permanente entre los diferentes niveles del Estado, instituciones competentes y la sociedad civil, señalando que la lucha contra la trata y tráfico de personas no puede limitarse al cumplimiento de acciones establecidas por norma, sino que debe traducirse en políticas públicas sostenibles y medidas concretas.
“Ha habido mucha ausencia del Estado, de todos los niveles de gobierno, para tratar un tema tan importante como es la trata y tráfico. Necesitamos articularnos, llevar adelante reuniones periódicas y trabajos coordinados que nos permitan dimensionar la problemática para poder planificar e implementar políticas públicas”, afirmó Soruco.
En este marco, se plantearon cuatro ejes estratégicos para el departamento:
El primer eje está enfocado en la elaboración de un diagnóstico situacional departamental, mediante la recopilación y sistematización de datos estadísticos proporcionados por instituciones como la Fiscalía General del Estado, Defensoría y demás entidades que forman parte del Consejo, con el propósito de conocer la magnitud de la problemática y establecer acciones basadas en información precisa.
“Necesitamos contar con una base de datos que nos permita conocer nuestra realidad, identificar los puntos críticos y trabajar sobre una planificación seria y responsable”, señaló.
El segundo eje contempla una estrategia comunicacional de prevención, orientada principalmente a niñas, niños, adolescentes y familias, considerando los riesgos asociados al uso de internet y redes sociales, además de las nuevas formas de captación utilizadas por quienes cometen estos delitos.
En este sentido, se destacó que la prevención y la información oportuna pueden convertirse en herramientas fundamentales para reducir los factores de riesgo y fortalecer la protección desde el entorno familiar y comunitario.
El tercer eje está relacionado con el fortalecimiento del control fronterizo y la atención a víctimas, tomando en cuenta la ubicación estratégica de Tarija y sus puntos de conexión hacia otros países.
“Tenemos dos puntos de conexión hacia otros países y debemos trabajar en ello. Muchas veces es más fácil pasar un ser humano que contrabando, y en eso tenemos que hacer todos el esfuerzo”, manifestó.
Asimismo, se resaltó la importancia de establecer rutas claras de actuación y coordinación entre las instituciones responsables de prevención, investigación y protección, entendiendo que la atención de esta problemática requiere un esfuerzo conjunto más allá de las competencias individuales.
El cuarto eje propone generar mecanismos permanentes de control social, incorporando a la sociedad civil como un actor fundamental en la prevención, vigilancia y seguimiento de las políticas públicas.
“No solamente deben actuar las autoridades. Necesitamos una sociedad civil activa, comprometida y vigilante, porque la protección de nuestras familias requiere del esfuerzo de todos”, remarcó.
Durante la primera sesión del Consejo, el Fiscal General del Estado, Dr. José Ernesto Mogro, informó que hasta el 26 de agosto de 2026 se atendieron 214 casos relacionados con trata y tráfico de personas, de los cuales tres se encuentran en etapa de apelación, dos fueron cerrados, 19 están en etapa de juicio y 10 en etapa preparatoria.
La jornada concluyó con el compromiso de fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía, estableciendo una hoja de ruta conjunta para prevenir estos delitos y garantizar mecanismos más efectivos de protección para la población tarijeña.
“Esto no debe ser un cumplimiento más de la norma, sino una política pública integral donde cada institución y cada ciudadano pueda aportar desde su espacio”, concluyó Soruco.