El gobernador del departamento de Tarija, Lic. Oscar Montes Barzón, pidió al Ministerio Público no judicializar el movimiento cívico que convocó un paro general en contra de la ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”, al tratarse de una medida legitima en contra de una normativa anticonstitucional y que atenta contra la libertad individual de los ciudadanos.
“La Fiscalía tiene que entender que es un movimiento cívico, un movimiento social, por lo tanto no se debe caer en la tentación de intentar judicializar las acciones que democráticamente el pueblo y sus autoridades tienen el derecho de asumir”, declaró Montes y añadió que no recibió todavía ninguna notificación que lo cite a declarar ante la Fiscalía por la denuncia presentada por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) por supuesta sedición, sin embargo, dijo que asistirá en el momento en que lo citen, porque considera que el Ministerio Público debería cerrar el caso de manera inmediata al no existir fundamentos legales que lo sostengan.
“El propio gobierno reconoció, al abrogar la ley, que no tenía el respaldo del pueblo que le da legitimidad, el propio expresidente Morales reconoció que muchos artículos de esa ley perjudicaban y podría afectar al patrimonio de los bolivianos, el hecho de que el gobierno retirará esa ley es una muestra de que el movimiento cívico tenía razón”.
Montes dijo que es necesaria la restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para darle credibilidad y legitimidad a la aprobación de leyes que definirán el destino de todo un país: “Es urgente que se restituya los dos tercios, eso es parte de la democracia, esa es la forma que se garantiza que exista consenso en la aprobación de leyes importantes”.
Respecto a la renuncia de la exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, quien denunció que bajo las actuales condiciones el MAS nunca perdería una elección, el Gobernador dijo que esto es muy preocupante y que le corresponde a la Asamblea Plurinacional, pero principalmente al pueblo boliviano, defender el voto democrático y la libre elección de sus autoridades.
“Es muy delicado, eso es más preocupante que todas las leyes o cualquier movilización, es muy grave esa denuncia y amerita una profunda reflexión y después una acción, la denuncia de la exvocal pone en manifiesto que el Órgano Electoral está al servicio del gobierno del MAS y eso amerita tomar acciones contundentes para garantizar la imparcialidad del Órgano Electoral”.
La primera autoridad del departamento cuestionó la línea política del discurso del presidente de Bolivia, que sigue convocando a la confrontación pese a la abrogación de la Ley 1386: “Me parece que es una actitud de inmadurez política, me parece que el Presidente debe de ponerse por encima del bien y del mal en este caso y gobernar para todos los bolivianos, sin entrar a ese tipo de reacciones que son típicas de una personas con falta de seguridad en sí mismas”.